1 de mayo: el derecho al trabajo en tiempos de pandemia

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Foto: EFE

La nueva década inició con nuevos retos para la sociedad civil y para la clase trabajadora de todo el mundo y, sin lugar a dudas, la pandemia que estamos viviendo aumenta los ya abultados retos de los gobiernos y ciudadanías de América Latina. 

En nuestra región las cosas ya venía difíciles. Durante el último semestre de 2019 hubo una explosión social y política que llevó a gran parte de la ciudadanía a las calles en países como Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Aunque con sus respectivas particularidades, esas movilizaciones tenían un factor en común: el desgaste del actual modelo económico que aunque, en muchos casos como el de Perú y Chile, han propiciado cifras satisfactorias de crecimiento, ellas no vienen asociadas con cambios de vida de las personas. Es más, año a año la desigualdad está haciendo más grande su brecha y la riqueza sigue concentrada en muy pocas manos. 

“Según índices de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) los índices de desempleo en la región van cada año en aumento. Mientras que a finales de 2017 la cifra era de un 6,1% en promedio, en 2018 subió a un poco más del 9% y las cifras en este 2019 no parece que vayan a mejorar. Hay una desaceleración económica que afecta principalmente a los puestos de trabajo, hay crisis políticas y migratorias que imponen retos a los gobiernos, al sistema económico y a la misma sociedad civil”.

En 2020 la situación se vislumbra mucho peor para aquellos que están en la pobreza y en la informalidad porque aunque debemos destacar que la mayoría de gobiernos de América Latina ha tomado medidas necesarias para aliviar la recesión económica que se viene, a causa del COVID-19, también es cierto que, como lo advierten muchos expertos y el mismo mapa socio-económico de la región, la mayorías de las personas trabajadoras en nuestros países se encuentra en la informalidad. Es decir, dichas políticas y medidas que están aplicando no llegarían a beneficiarles por estar enfocadas principalmente en el sector formal de la economía y el trabajo aún cuando en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú sus gobiernos han hecho enormes esfuerzos por llegar a las familias más pobres con subsidios y ayudas. 

En un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado durante abril de este año y denominado“Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19”, se advierte que “en la región, 67% de la población es usuaria de Internet, pero existen diferencias significativas tanto entre los países como en su interior, que obedecen al nivel socioeconómico y ubicación geográfica. La mayoría de los países registran una penetración de usuarios de Internet superior al 60% de la población del área urbana. En los países con mayor conectividad, la penetración en el área rural llega al 40% y/o 50% de la población, mientras que en los de menor desarrollo digital la penetración promedia el 10% de la población”. Además, afirma de manera preocupante que “segmentos de por sí vulnerables (…) estarán excluidos de las acciones que se adopten en materia de trabajo que utilicen como herramientas a las tecnologías digitales”

Lo anterior resaltando las acciones en materia de bancarización, identificación y focalización que están haciendo algunos Estados para llegar a la ciudadanía que necesita asistencia y que impone la pandemia, ya que en muchos países existen medidas de cuarentena, distanciamiento social y/o toques de queda. 

Estando así las cosas, este Día Internacional del Trabajo nos llega con muchos más debates, necesidades y reivindicaciones que como sociedad civil debemos saber leer y abordar con inteligencia y solidaridad, sabiendo que se nos avecina una época difícil para todos y todas, aunque más para algunos que para otros, pero que sin abandonar el carácter reivindicativos de las luchas de las personas trabajadoras sepamos que el sector privado también está afrontando obstáculos para mantenerse a flote. No obstante, es necesario recordarle a los gobiernos que cualquier medida de rescate económico tenga como prioridad a las personas que viven de su trabajo, formal o informal, pero que muchas veces son olvidadas en detrimento de los derechos humanos.  

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