La protesta no es violencia

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FOTO: AFP

América Latina y el Caribe se encuentran en un momento de efervescencia histórico y a la vez preocupante. Son muchas las indignaciones y la rabia acumuladas. Son muchas las insatisfacciones y las reivindicaciones aún pendientes. 

Parece que la gente ya no aguanta más. Primero fue Haití, luego fue Ecuador, más tarde Chile y últimamente Bolivia. Eso sin olvidar las constantes movilizaciones y protestas en Venezuela, Nicaragua, Colombia, Guatemala y Honduras y el creciente descontento de las personas con sus actuales gobiernos en Argentina y Brasil.

Los últimos meses del año 2019 nos ha sorprendido con las calles llenas de gente y de voces que gritan y reclaman. También, desafortunadamente, se han visto manchadas de sangre porque múltiples actores han radicalizado sus respuestas a la movilización: empezando por gobiernos que han sido incapaces de tramitar los reclamos sin represión y la confrontación, siguiendo por actores delictivos que con diversos motivos, infiltran las movilizaciones. 

En febrero del 2019 la ciudadanía haitiana, harta de un Estado corrupto e incapaz de satisfacer sus más mínimas necesidades, salió a la calles, las bloqueó y ha exigido desde entonces la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las protestas comenzaron luego de que se revelara que el gobierno había malversado más de tres mil millones de dólares de los fondos de Petrocaribe, mientras la desigualdad social sigue profundizándose. No obstante, Moïse niega las acusaciones y hace caso omiso a los reclamos ciudadanos. Su única respuesta ha sido la represión policial. Algunas cifras oficiales hablan de que hay casi 100 muertos y casi 200 heridos desde que se iniciaron las protestas en las calles. 

Por otro lado, la crisis política y las movilizaciones en Ecuador comenzaron a principios de octubre cuando el presidente Lenín Moreno anunció una serie de ajustes y eliminación de subsidios a los combustibles, como parte del paquete de medidas que el FMI le exige seguir por el multimillonario préstamo que le ha otorgado al país. El movimiento indígena ecuatoriano tomó el liderazgo del descontento social y salió unido a las calles junto con otros movimientos sociales y sindicales hasta que el gobierno ecuatoriano decidió sentarse a dialogar y revertir las medidas tomadas en materia económica. No sin antes haber decretado un Estado de excepción y militarizado buena parte de Quito y algunas zonas del país, lo cual ocasionó graves violaciones a los derechos humanos, ocho personas muertas y más de mil heridos. 

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FOTO: GETTY IMAGES

Por su parte Chile vivió episodios algo parecidos luego de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara el incremento en los precios del transporte. La gente, asfixiada por el ya costoso promedio de vida en el país y cansada de la desigualdad, decidió tomarse las estaciones del metro de Santiago y varias calles. Durante muchos días ha habido represión, aunque el gobierno ha revertido algunas medidas y ha propuesto un pacto social. Sin embargo, muchos chilenos y chilenas denuncian que la represión policial sigue y ha cobrado la integridad física de más 2.300 personas, alrededor de 222 tiene daño ocular y más de 23 personas han muerto.  

Finalmente, Bolivia ha sido el otro hito de la protesta ciudadana en el continente, aunque combinada con una crisis política e institucional que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales, luego de la presión de las fuerzas militares y policiales. 

Después de pasada las elecciones del 20 de octubre, se presentaron diversas denuncias de fraude para favorecer al candidato presidente y darlo como ganador en primera vuelta. Esto molestó a la oposición y a la ciudadanía que se tomó las calles exigieron recuento de votos y hasta la renuncia del presidente, cuya candidatura ya era polémica luego de que Morales desconociera el referendo de 2016 cuyo resultado le impedía volverse a presentar como candidato presidencial para el siguiente periodo. 

Dichas protestas y represión en Bolivia ya han dejado cerca de 23 muertos y 751 heridos, denuncia la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En todos y cada uno de estos episodios de protestas que hemos relatado ha habido un uso desmedido de la fuerza pública por parte del Estado, y hasta se ha estigmatizado el derecho que tienen las personas a protestar. Los gobiernos latinoamericanos aún pretenden deslegitimar la voz de las ciudadanías y soslayar las vías del diálogo. 

Es necesario reconocer que cuando los ánimos están tan caldeados siempre habrá reductos violentos dentro de las manifestaciones, muchos de ellos infiltrados para despojar a la protesta de su legitimidad, como se ha comprobado en el caso de Ecuador. Sin embargo, no es papel del movimiento social controlar a esos infiltrados violentos, sino del Estado mismo y sus instituciones. Las manifestaciones y movilizaciones carecen de un estructura jerárquica o controlada, por lo tanto no puede entenderse manera homogénea.

Por lo tanto, que haya expresiones violentas dentro de las manifestaciones, muchas de ellas infiltradas por terceros que nada tienen que ver con el movimientos social, no es una excusa suficiente para reprimir con un excesivo uso de la fuerza o estigmatizar el derecho a la protesta, que no es violenta per se, sino más bien disruptiva.

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