El agotamiento democrático en Perú

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Por: Eduardo Toche*

Luego de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de la República, interpretando que la cuestión de confianza pedida por su Primer Ministro para la aprobación de un proyecto de ley que modificaba las reglas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, había sido negada “fácticamente”, surgió como pregunta si lo que apareció como una aparente crisis política estaría constituyéndose como un momento democratizador.

Pero, esto último pronto se disipó pues no estuvo en las proyecciones del Mandatario. Fue, sin ambages, un acto de supervivencia ante un Congreso cuya mayoría fujimorista interpretó que la política era el arte de hacerlo todo imposible, mediante el uso de artimañas, imposiciones y colusiones con colegas indefectiblemente delincuentes. Más todavía, el acto presidencial no conduce a pensar siquiera que contenga algún plan político propio, aun de corto plazo. Así, lo primero que se puso de lado fue la existencia en ciernes de algo que podríamos llamar “vizcarrismo”. 

Lo cierto es que suponer la política –como fue el caso del fujimorismo y otros grupos parlamentarios– como un negocio, hacer de la representación política un asunto proclive a transarse en el mercado, concebir el financiamiento de las campañas como una actividad empresarial, mostrar un ejercicio torpe de la representación y la práctica ausencia de habilidad politica terminaron por hundir un poder del Estado que, dicho sea de paso, nunca tuvo un nivel aceptable de aprobación. 

Lo sucedido invita a recordar las justificaciones y pretextos que esgrimió el presidente Fujimori en abril de 1992, cuando mediante un golpe de Estado cerró el Congreso, suprimió el Tribunal Constitucional e intervino al Poder Judicial. Entonces como ahora, la aprobación ciudadana fue contundente.

Así, parte de la respuesta es que el cierre del Congreso, vía una disposición constitucional, por parte del presidente Vizcarra, se legitimó en la medida que el Poder Legislativo fue identificado por la población como el ámbito por excelencia donde maniobraba el “político corrupto” y, por ende, donde se concentraba el malestar y la ira que generaba esta imagen. 

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Martín Vizcarra, presidente de Perú – Foto: AFP

Todo ello fue potenciado por los procesos que empezarían a evidenciar con pruebas ciertas lo que hasta hace dos años eran todavía sospechas de corrupción. En efecto, lo mostrado por Lava Jato pero también por el caso Cuellos Blancos del Puerto (1), hablaban claramente que algo muy grave había sucedido en el sistema político peruano.

De esta manera, a Vizcarra se le critica no por lo que hizo sino por la demora de su decisión. Sin duda, la constitucionalidad de su acto puede debatirse, pero no la legitimidad del mismo.

Sin embargo, alejándonos de los condicionamientos mediáticos, debemos considerar que la situación circunstancial del Congreso no es el único factor que muestra la extrema precariedad de la democracia peruana.

Una primera cuestión a considerar, teniendo sobre la mesa el denso y enorme tejido de corrupción que se ha ido hilvanando durante estas dos últimas décadas en el sistema político peruano, que ha conducido a todos los presidentes elegidos en este periodo democrático, a rendir cuentas ante la justicia, es qué pasó con el accountability horizontal. 

En efecto, lo impresionante no es solamente la magnitud de la corrupción sino también como pudo darse sin que “nadie” sospechara de la misma. Esto significaría que la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria SUNAT, la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, la Fiscalía de la Nación, entre otras entidades simplemente fueron rebasadas por los hechos.

De otro lado, los peruanos aún no hemos interpelado debidamente a los organismos electorales y cómo fue que no pudieron alertar sobre los sospechosos financiamientos de las campañas políticas o los antecedentes de muchos candidatos.

Asimismo, la democracia peruana se caracteriza por funcionar con remedos de partidos políticos pero también con instancias cuyas competencias son difusas, desarticulaciones verticales con las instancias sub-nacionales de gobierno y ámbitos sin funciones definidas que, finalmente, hace de los pesos y contrapesos entre poderes una cuestión que es cotidianamente superada. El resultado de esta situación ha sido el profundo distanciamiento ciudadano de las instituciones.

A todo ello debemos agregar que la participación ciudadana ha sido muy débil en el proceso democratizador peruano. Esto es doblemente importante en medio de una situación de extrema debilidad de los partidos políticos, lo que ya es algo sumamente grave para un sistema basado en la representación. Al respecto, es cierto que hubo voluntad para corregir esta situación, cuando el presidente Vizcarra buscó implementar una reforma del sistema judicial y, luego, una reforma política cuya legitimidad la sancionó mediante referéndum. 

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Congreso de Perú – Foto: Gestión

Sin embargo, hasta el momento no vislumbramos cambios y las elecciones congresales programadas para enero del 2020, se llevarán a cabo con las cuestionables reglas vigentes. 

Entonces, lo que tenemos es el reacomodo de un sistema político que presenta síntomas de no dar para más, pero que tampoco tiene actores y líderes que podrían conducir su reforma y consolidación. En ese sentido, casi no tiene asidero considerar que el problema democrático en la región se reduce a Venezuela o Nicaragua, cuando los hechos demuestran, como es el caso de Perú, que la fragilidad y las vulnerabilidades son generales y alcanzan a todos los países de la región.


* Investigador, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
(1) Intervenciones telefónicas, autorizadas por las autoridades competentes, que revelaron una red delicuencial formada por jueces de segunda instancia y de la Corte Suprema, que negociaban sentencias y habían capturado los procesos de elección y designación de magistrados, coludidos con congresistas y otras autoridades judiciales.  

 

 

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