La ciudadanía se moviliza en Nicaragua y Colombia

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Protestas en Nicaragua y Colombia

Aunque los contextos políticos y sociales de Nicaragua y Colombia son distintos, estos días se caracterizan en ambos países por tener importantes protestas y demandas de parte de la ciudadanía.

Por un lado, en Nicaragua la crisis institucional y represión contra los opositores y críticos al gobierno de Ortega sigue profundizándose. Once meses después no se vislumbra solución alguna puesto que, aunque varias veces se ha llamado al diálogo y se han establecido mesas de conversaciones, el ejecutivo nicaragüense no está dispuesto a ceder en puntos fundamentales que exige la ciudadanía reclamante y, en cambio, sigue fomentando la violencia política contra sus detractores.

La ciudadanía nicaragüense exige una ampliación democrática y respeto a los derechos de la oposición, así como que el gobierno desista, en gran medida, de sus reformas fiscales y en seguridad social que ponen en peligro la economía de las familias más pobres del país.

El pasado sábado 16 de marzo las fuerzas policiales reprimieron una marcha convocada por la unidad opositora que terminó en arrestos de más de un centenar de personas, incluso menores de edad, que luego fueron puestos en libertad ante la presión mediática, política y social, tanto al interior como por fuera del país.  (Ver también: ¿Qué está pasando en Nicaragua?).

En Colombia, mientras tanto, son las comunidades y organizaciones indígenas de la región del Cauca las que están en pie de protesta. La denominada Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz lleva más de una semana bloqueando la Vía Panamericana, exigiendo que el gobierno del presidente Iván Duque se siente a hablar con ellos y cumpla los compromisos que el Estado colombiano ha adquirido en años anteriores, pero que se han quedado en el papel.

Los reclamos indígenas están orientados fundamental en tres cosas: respecto al mecanismo de la consulta previa, sobre todo en temas ambientales; autonomía y gobierno propio; inclusión explícita de las comunidades indígenas y sus necesidades en el Plan Nacional de Desarrollo que están en discusión en el Congreso y, finalmente, protección urgente a líderes sociales que están siendo amenazados en razón de su lucha y militancia por la defensa de sus territorios.

En ambos países, con sus respectivos matices, es necesario rodear a la ciudadanía y a las organizaciones de sociedad civil que están reclamando ser escuchadas y que se les garanticen sus derechos fundamentales. Los gobiernos tienen el deber de entablar diálogos democráticos en el marco del respeto por la dignidad de las personas.

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