El Pulso de las Américas: Retos para el ambiente habilitante en 2018

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En un contexto de corrupción, violencia y polarización política, Latinoamérica cerró el 2017 como la región más peligrosa del mundo para el activismo social. Según el informe anual de Front Line Defenders, en lo corrido del año, de 312 asesinatos contra activistas, 212 ocurrieron en nuestra región. Significa que dos de cada tres asesinatos ocurrieron en nuestros países. El activismo medioambiental es el más castigado por los agentes opresores que ponen sus intereses económicos por encima del derecho a la vida y el derecho de las comunidades originarias a proteger sus territorios ancestrales.

Las fuerzas estatales de seguridad (policía y /o ejército) también amedrentan a los activistas. Para esto llevan a cabo redadas ilegales en sus oficinas y hogares, confiscan equipos, destruyen información física y digital. Además, violan su derecho a la libertad y la legítima defensa mediante arrestos ilegales, en los cuales no existe ninguna orden judicial e incluso los activistas no son autorizados a avisar a ningún familiar o abogado para solicitar ayuda. Reproduciendo tácticas de la Guerra Fría, los gobiernos capacitan su personal en tecnologías de espionaje que utilizan para socavar las condiciones de trabajo de organizaciones sociales y sus miembros. Incluso mediante el uso de trolls en redes sociales se crean campañas de difamación contra los activistas.

Los activistas sociales, independientemente del área de trabajo en el que se desempeñan, deben tener unas condiciones mínimas básicas de trabajo y seguridad. No deben ser amenazados, no deben ser asesinados, y el Estado debe tomar una actitud proactiva para protegerlos. Todas estas condiciones y derechos fundamentales para el activismo social son las que se conocen como ambiente habilitante o espacio cívico.

Desde hace un año y medio, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) viene apoyando el monitoreo constante del espacio cívico en Centroamérica en un esfuerzo global en red para monitorear el espacio cívico en todo el mundo. El mapa interactivo con los resultados de este proyecto pueden ser consultados en monitor.civicus.org.

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Un póster con la imagen de Berta Cáceres que portaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en marzo de 2017 para el primer aniversario del asesinato de la activista. Foto: Gustavo Amador – European Pressphoto Agency

¿Cuáles son las deudas que están pendientes por parte de los gobiernos de Latinoamérica en materia de espacio cívico?

Los sistemas de protección nacional para activistas son un gran vacío institucional para garantizar su seguridad ante las amenazas ya descritas. Este punto, junto con la falta de voluntad de los gobiernos nacionales, sienta las bases para la siguiente deuda pendiente. Los Estados deben comenzar a cumplir las medidas cautelares ordenadas por la CIDH. Hoy por hoy los mandatos emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son opcionales. Dichas medidas son ordenadas luego de hacer una evaluación de los antecedentes que rodean a un activista, organización o grupo social. De ahí que si la CIDH, organismo independiente, ordena estas medidas es porque efectivamente existe un riesgo para la persona o grupo.

Durante el ejercicio de monitoreo que se realizó a lo largo de 2017, era constante ver los nombres de activistas, que contaban con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, en los titulares de noticias como personas asesinadas, amenazadas o incluso arrestadas ilegalmente. Quizás el caso más sonado en los últimos años es el asesinato de Berta Cáceres, líder social en Honduras que lideró por muchos años la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales en su país. Asesinada en marzo de 2016 aún cuando contaba con medidas cautelares ordenadas por la CIDH. Si bien el caso aún se encuentra en investigación, se han encontrado indicios de la participación de actores estatales y paraestatales en su asesinato. En 2016 y 2017 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y Lottie Cunningham (líder de CEJUDHCAN), respectivamente. Tras una serie de amenazas contra la vida de Cunningham, la CIDH otorgó las medidas cautelares en junio de 2017. En ese momento, Cunningham y el CEJUDHCAN denunciaron que el Gobierno nicaragüense no ha implementado ninguna de las medidas cautelares ordenadas a su favor.

Ahora bien, las ‘deudas pendientes’ reflejan casos de omisión en los cuales, por la inacción de los gobiernos, los activistas no pudieron gozar de condiciones aptas para desempeñar su trabajo.  Hubo también casos donde por acción directa del Estado el activismo social se vio fuertemente restringido. Los vínculos, en muchos casos comprobados, con grupos armados ilegales y empresariales, sentaron las bases para un ambiente hostil que atacó el ejercicio de la sociedad civil desde todos los frentes. La articulación de estos tres actores le permitió al Estado (y a los políticos mismos) tener un brazo armado ilegal para castigar el activismo social, a las empresas contar con el respaldo de las instituciones estatales para proteger sus intereses económicos y a los grupos armados ilegales una patente de corso para desempeñar sus actividades con total impunidad. Lo más reciente, en enero del año en curso fue arrestado el diputado Julio Antonio Ramírez en Guatemala por ser presuntamente el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en 2015. El arresto fue el resultado de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retirar la inmunidad parlamentaria a Ramírez. El caso se repite en El Salvador, donde el periódico El Faro denunció públicamente el uso de la inteligencia del Estado para espiar a periodistas y activistas con el fin de chantajearlos para evitar que continúen realizando su trabajo crítico contra el Gobierno. Esta denuncia es el resultado de más de 3 años de investigación y entrevistas con miembros y ex miembros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Casos como estos se repiten a lo largo y ancho del continente.

Otras acciones directas incluyeron la aprobación de leyes que castigan la protesta social al catalogarla como ‘terrorismo’, la represión violenta de la protesta social dejando decenas de muertos, y la penosa actuación de los jueces que fabricaban casos para sentenciar a prisión a los activistas sociales.

El reto más grande para la sociedad civil del continente con miras a 2018 es frenar la arremetida estatal contra el activismo social tanto por acción como por omisión.  

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El 28 de julio de 2016, sujetos fotografiaron con sus celulares a periodistas de El Faro, en medio de una conferencia de prensa de la Policía. Cuando los periodistas de El Faro preguntaron quiénes eran y por qué los fotografiaban, estos se identificaron como “policías”. Los sujetos fotografiaron a los periodistas en el momento en el que estos entrevistaban a Marvin Adalid Quintanilla Ramos (a) Piwa, protagonista de la ‘operación jaque’ contra las pandillas. Este seguimiento ha sido denunciado ante la PDDH. Foto: El Faro (www.elfaro.net)

Los retos internos de la sociedad civil en 2018

Hay dos perspectivas necesarias: los retos endógenos y los retos exógenos de la sociedad civil del continente.

Los retos endógenos tienen que ver con la – aún existente – desarticulación de la sociedad civil. Si bien cada vez existen más espacios de articulación y la creación de redes ha experimentado un crecimiento exponencial, las organizaciones de base continúan muy desconectadas de los espacios de luchas nacionales e internacionales. Lograr conectar con estos dos niveles es vital para que la sociedad civil sume esfuerzos y cumpla su objetivo de ser un contrapeso al poder autoritario de algunos gobiernos actuales en Latinoamérica.

Ahora bien, aún cuando se garanticen estos espacios de articulación, los mismos deben servir como nichos para la formulación de ideas concretas, viables y alcanzables para proteger el espacio cívico. No pueden convertirse en espacios de mera denuncia y descripción de situaciones.

Por último está la necesidad de buscar el fortalecimiento institucional de las organizaciones de sociedad civil. Se trata de pensar estrategias de autosuficiencia financiera para eliminar la dependencia de los gobiernos – nacionales o extranjeros – y las empresas privadas. Así la sociedad civil se puede dar a la labor de desempeñar un trabajo mucho más independiente sin temor a desaparecer por abordar temas sensibles para los poderes económicos y políticos. Pensar soluciones innovadoras en un factor fundamental para emprender los retos aquí descritos.  

Respecto a los retos del activismo social frente a su entorno, uno de los principales es lograr conectar con la población en general. La sociedad civil está pensada como un puente de comunicación entre los tomadores de decisiones y la población de un país. No obstante, se está comenzando a percibir como un actor diferente de la ciudadanía, centrada en debates ideológicos que se alejan de las necesidades reales de la misma.

La desconexión con la población se da, en gran parte, por una estrategia de comunicación desacertada, por lo que el mensaje no logra trascender más allá de nichos específicos. El trabajo de la sociedad civil tiene que comunicarse con un lenguaje sencillo, práctico, que explique cómo se traduce en mejoras tangibles en la vida de las personas. Sólo así se logrará generar masa crítica para articular a toda la población en general y enfrentar problemas como la corrupción y la misma violencia contra los activistas sociales.

Por otro lado, quizás el tema más crítico en el continente es el activismo medioambiental. Las luchas por la protección de los recursos naturales todavía se dan únicamente en las comunidades directamente afectadas y los ciudadanos en las zonas urbanas ven estas situaciones muy lejanas a su realidad e incluso con indiferencia. Los activistas medioambientales tienen un reto enorme para lograr despertar la curiosidad y sensibilidad de la población urbana para que apoye su lucha.

Por último, la sociedad civil debe cualificar su participación en escenarios nacionales e internacionales. La lucha social debe pasar del plano emocional al plano racional, aportando datos, cifras concretas, estudios de caso. De esta forma se pueden hacer exigencias específicas, medibles y que pueden ser monitoreadas a futuro para presionar a los Gobiernos a dar resultados y a la comunidad internacional a exigirlos de igual forma.

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