México: la ciudadanía organizada frente a las crisis

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Septiembre fue un mes duro para México y el Caribe. Terremotos y huracanes azotaron con gran fuerza a estas regiones de América Latina poniendo a prueba una vez la capacidad de respuesta de los Estados y sus gobiernos.

Pese a que estos países son histórica y geográficamente susceptibles de vivir ese tipo de episodios naturales, sus autoridades oficiales siguen siendo bastante incompetentes para enfrentarlos, por lo menos en el Caribe, en donde cada año en temporada de huracanes parece que las lecciones de la temporada anterior no fueron aprendidas. En México tal vez la situación es diferente. Desde el terremoto de 1985 el país, y sobre todo Ciudad de México, puso los pies sobre la tierra (una muy inestable por cierto). Los mexicanos aprendieron que la prevención y la planeación frente a las crisis son la mejor manera de proteger sus vidas de un terremoto o cualquier otro episodio sorpresivo del planeta.

Ha sido la ciudadanía la protagonista en estos días, la ciudadanía organizada y solidaria, y entre ella, la juventud que ha demostrado que en los momentos difíciles pueden ser comprometidos, incluso más que los propios adultos.

Los gobiernos federal y estatales por su parte han quedado nuevamente cuestionados; su credibilidad y legitimidad también son escombros. Los terremotos del 7 y 19 de septiembre movieron los cimientos del país en más de un sentido. Los partidos políticos y sus dirigentes hoy enfrentan su más grande reto, pues no sólo deben encargarse de la reconstrucción, sino también de una campaña política que culminará a mediados del 2018 con la elección del sucesor de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad cada vez está más cuesta abajo. Esa sí, sin posibilidad de ser reconstruida.

La mala imagen de los políticos contrasta con el compromiso y la solidaridad que la sociedad mexicana ha demostrado. Miles y miles de voluntarios no dudaron en salir a las calles a ofrecer su ayuda en lo que fuera necesario. En muchos lugares de la tragedia fue la ciudadanía mucho más competente y expedita a la hora de atender la emergencia que el mismo Estado, cuyas autoridades están más abocadas a la campaña política que está en camino. “Es patente que la ciudadanía no va a entregar al gobierno el manejo de la crisis ni va a volver a sus casas fácilmente, pues no tiene confianza en las instituciones”, asegura Alberto J. Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana[1].

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Campaña política y reconstrucción son dos rubros del erario que hacen parte del debate público en México, gracias a la misma ciudadanía que, cansada de la corrupción e incompetencia del Estado, ha decidido interpelar a sus políticos y exigirles compromiso real ante la emergencia que vive el país.

Según cálculos oficiales, la campaña política y el proceso electoral en curso (para el cargo de presidente y otros 3.415 en todo el país) costarán más de 1.300 millones de dólares, mientras que la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ronda los 2.100 millones de dólares.

Ante este panorama, la sociedad mexicana no ha tardado en poner como prioridad la reconstrucción y la atención de los damnificados por encima de los apetitos electorales, por lo que pronto se hizo viral una solicitud que comenzó en las redes sociales y encontró apoyo popular fuera de ellas: que el financiamiento público que reciben los partidos políticos fuera destinado a las personas afectadas por los sismos.

Desde luego, lo anterior no cayó muy bien en los partidos que se apuraron en decir que tal petición ciudadana era ilegal y no podría llevarse a cabo. Sin embargo, gracias a la presión social, la cabeza del Instituto Nacional Electoral (INE) se vio en la necesidad de buscar alternativas y finalmente aceptó que existía una posibilidad de hacer viable el clamor de la ciudadanía, después de que los mismos líderes de los partidos también cedieran, no por gusto sino por el temor de perder más credibilidad en plena campaña electoral. Es así como un porcentaje del financiamiento que cada uno de ellos recibe será destinando a atender las emergencia. Algunos ofrecieron el 25% y otros el 50%.

México y su ciudadanía nos han dado una lección de verdadero activismo y solidaridad que el resto de Latinoamérica no puede dejar de admirar y de replicar. De alguna manera han empezado a tomar las riendas de su destino y cada vez están más conscientes y cansados de la corrupción sistémica que sus dirigentes han sido incapaces de erradicar. Los terremotos removieron en los mexicanos la capacidad de organización y acción. Dice el profesor Olvera del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana que ante estos acontecimientos “la única forma en que el gobierno federal y los estatales pueden atender esta emergencia sin sospechas de clientelismo y de corrupción es creando uno o varios comités ciudadanos de vigilancia de las inversiones a realizarse, y tratar de actuar con la mayor transparencia. Pero para una clase política que necesita ocultar sus fallas regulatorias y usar electoralmente la reconstrucción será casi imposible aceptar el control ciudadano. Sin embargo, no hacerlo abrirá una brecha de legitimidad insalvable cuyas consecuencias son imprevisibles”[2].

[1] OLVERA, Alberto J. Los terremotos y la crisis política que viene, https://elpais.com/internacional/2017/09/25/mexico/1506365071_927488.html. Publicado 25 de septiembre.

[2] Ibídem.

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