El Pulso de las Américas: la situación en Nicaragua cada vez es más difícil

El siguiente artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde mayo de 2016 hasta julio de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones, incumplimientos directos y avances de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas.


Nicaragua's President Daniel Ortega addresses the audience in Managua

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

La aprobación en 2013 de la Ley 840, denominada Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociada, ha desencadenado una serie de restricciones al ambiente habilitante en el país. La falta de independencia de las tres ramas del poder público ha derivado en que los críticos de su gestión sean objeto de censura y persecución. Los ataques contra los medios de comunicación son otro tema recurrente en Nicaragua que han estado presentes en prácticamente todos los reportes que se han elaborado sobre el país en el último año. Finalmente, las denuncias por fraude electoral durante las votaciones presidenciales de noviembre de 2016 completan la lista de temas que Nicaragua ha incumplido respecto de los compromisos del documento “Mandatos para la Acción”.

La defensa del medio ambiente y el derecho a la tierra son unos de los temas prioritarios para la sociedad civil en Nicaragua. La aprobación de la construcción del Gran Canal Interoceánico despertó el rechazo de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes cuyas tierras quedaron como parte del trazado de la ruta del canal. Esto significa que deberán abandonar sus tierras, su cultura, su forma de subsistencia, situación que puede profundizar la condición de pobreza en que muchas de esas comunidades viven. Ante tal panorama, diversas comunidades, organizaciones sociales y activistas se han movilizado para manifestar su descontento con el canal y pedir al presidente Daniel Ortega que abandone la idea de su construcción. Al ser un tema prioritario para el gobierno de Ortega, las medidas para frenar esta movilización y avanzar con el proyecto a toda costa no se hicieron esperar. Sumado a esto, el control que tiene el orteguismo sobre los tres poderes públicos han permitido que la represión se lleve a cabo desde el poder ejecutivo, legislativo, y judicial. Esto deja a los ciudadanos sin ningún mecanismo nacional al cual recurrir para exigir la protección de sus derechos, haciendo necesarios más procesos de incidencia ante instancias internacionales como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La aprobación de la Ley 919 de Seguridad Soberana a finales de 2015 fue el primer gran retroceso para la libertad de asociación identificado durante la investigación para el Monitor CIVICUS. Esta ley determina que serán considerados enemigos del Estado las personas trabajando en contra de los intereses nacionales. Deja además amplia discreción al ejecutivo para determinar qué es considerado un “interés nacional”. Luego, durante 2017 Vilma Núñez, Francisca Ramírez, Lottie Cunningham, y Juana Bilbano, líderes del movimiento anti canalero, recibieron amenazas de muerte. Meses más tarde, Mayor López, hijo de Francisca Ramírez fue víctima de un ataque el cual, según Ramírez, es consecuencia de su activismo por la defensa de la tierra. Vilma Núñez fue víctima de una campaña de difamación denominada la “Galería de Traidores” donde publicaron su información de residencia, nombres de hijos, número celular y placa de vehículo.

En junio del presente año, la CIDH ordenó medidas cautelares a favor de Lottie Cunningham, pero hasta la fecha el Estado nicaragüense no ha tomado acciones para cumplir con las medidas.

Protesta Nicaragua

Francisa Ramírez, líder campesina nicaragüense en una protesta. Foto tomada de La Prensa de Nicaragua

Ahora bien, la libertad de asociación no es el único componente del ambiente habilitante que ha sido atacado en el marco de la represión contra el movimiento anti canal. El derecho a la protesta ha sido fuertemente reprimido por las fuerzas policiales nicaragüenses. Más de 80 protestas se han llevado en contra de este proyecto. Las denuncias por represión parecían ir de la mano con el balance que se hacía al final de cada protesta. Las técnicas utilizadas por la policía fueron múltiples. Desde el uso de balas de goma como lo reportado en las protestas de noviembre e  inicios de diciembre de 2016, las barricadas para impedir el libre tránsito de los manifestantes hacia los lugares de concentración, o la prohibición alegando que los manifestantes no contaban con el permiso para protestar.

Otros ataques en contra de la libertad de asociación demuestran que todos los poderes públicos tienen influencias del partido de Gobierno, reforzando la inseguridad jurídica de los ciudadanos. En julio de 2016 el Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó la destitución de 28 Diputados de oposición. ¿La razón? En mayo del mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia retiró la representación legal del Partido Liberal Independiente, principal partido de oposición, a Eduardo Montealegre para entregársela a Pedro Reyes, reconocido públicamente por su cercanía con Ortega. Esto llevó a que los diputados que pertenecían a ese partido no reconocieran el liderazgo de Reyes, distanciandose de las nuevas directrices del mismo. Reyes acusó a los diputados de transfuguismo político, lo que terminó con la decisión de destitución por parte del CSE. Asimismo, el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos reportó en junio del presente año el inicio de un proceso legal en contra de siete activistas que se oponían al desarrollo de un proyecto minero en territorios de su comunidad.

Los medios de comunicación son el otro tema sensible en el país. Como explicó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, luego de su visita a Nicaragua a finales de 2016, los principales retos que enfrenta la libertad de expresión en ese país son la concentración de los medios en dos grupos económicos y el uso de publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de comunicación. Ello genera un efecto de autocensura en los periodistas y medios de comunicación, y dificulta el acceso a la información de los ciudadanos al asfixiar económicamente al periodismo crítico.

Protesta Nicaragua1

Protesta en Nicaragua. Foto tomada de La Prensa de Nicaragua

La conclusión del monitoreo es un retroceso en los compromisos de los mandatos en materia de gobernabilidad democrática y participación ciudadana. Es importante aclarar que esta conclusión está basada en la información encontrada durante el monitoreo de situación de  la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión. Estas tres libertades están enmarcadas en los compromisos de gobernabilidad democrática y participación ciudadana. No se puede hacer ninguna afirmación respecto de los compromisos hechos en materia de educación, salud, seguridad, migración, medio ambiente y energía porque no fueron objeto de monitoreo. La explicación de la conclusión se detalla en el siguiente cuadro:

Mandato incumplido

Explicación

“Fortalecer la democracia y el Estado de derecho, la separación e independencia entre los poderes del Estado (…)” (Gobernabilidad Democrática, artículo 1). Las represión de las protestas por parte de las fuerzas armadas, a cargo del poder ejecutivo, la promulgación de leyes que afectan la libertad de asociación y las decisiones judiciales para favorecer al partido de gobierno demuestran una fuerte influencia del orteguismo en las tres ramas del poder público.
“Apoyar el fortalecimiento institucional y la modernización de órganos electorales independientes (…) para garantizar la integridad de los procesos electorales y la realización de elecciones libres, justas y periódicas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país (…)” (Gobernabilidad Democrática, artículo 2). Las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 estuvieron marcadas por escándalos de fraude al impedir la presencia de misiones de observación electoral, por la destitución de los 28 diputados de oposición en julio de ese año anulando así la principal fuerza opositora, y por las denuncias del control del CSE por parte del partido oficialista.
“Promover (…) el acceso a la información como herramientas claves para lograr mayor transparencia” (Gobernabilidad Democrática, artículo 4). El duopolio sobre los medios de comunicación y el mal uso de la publicidad estatal han conducido a la autocensura y cierre de medios de comunicación, impidiendo que los ciudadanos tengan acceso a noticias e información crítica con el Gobierno.
“Continuar promoviendo y apoyando la participación de la sociedad civil y de actores sociales en el diálogo con los Estados como mecanismo constante de participación y consulta, con el propósito de contribuir en la formulación e implementación de políticas públicas (…)” (Participación Ciudadana, artículo 1). La constante represión y ataques en contra de los movimientos sociales que rechazan la construcción del canal interoceánico demuestran la ruptura del diálogo entre Estado y sociedad civil, y la imposición de los intereses del Gobierno.
“ (…) promover la cooperación para la preservación y la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, reconociendo asimismo la importancia de la cultura y de las industrias creativas y culturales en el desarrollo socioeconómico, la inclusión social, la diversificación de las economías y para la generación de empleo.” (Participación Ciudadana, artículo 4). La construcción del canal interoceánico significará el desalojo de miles de familias indígenas, campesinas y afrodescendientes, destruyendo así parte de su cultura y sus formas de subsistencia las cuales han sido pasadas de generación en generación.

 

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