Pulso social de las Américas: el espacio cívico en Panamá

El siguiente artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde mayo de 2016 hasta mayo de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones, incumplimientos directos y avances de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas.


Indígenas panamás

Foto tomada de: Agencia EFE

En el último año, el desarrollo de megaproyectos energéticos en Panamá ha chocado constantemente con su vasta riqueza natural. Los defensores del derecho a la tierra y el medio ambiente se han convertido en los principales objetivos de ataque de actores estatales y no estatales en Panamá. Sumado a esto, el Estado panameño, desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha intentado cerrar espacios para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

El monitoreo de la situación del espacio cívico en Panamá comenzó con casos de aparente represión policial contra indígenas que manifestaban en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Esto se juntó con las amenazas de muerte en contra de Ligia Arreaga, periodista que durante años usó su trabajo para evitar la explotación de la selva del Darién. Meses después, y ante el inminente riesgo contra su vida, Arreaga debió abandonar el país. Las otras dos protestas en contra de Barro Blanco también fueron detenidas por la fuerza por la Policía Nacional (Bocas del Toro y Ciudad de Panamá).

La libertad de expresión también sufrió importantes ataques. Lo más inquietante es que estos ataques vinieron directamente desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado panameño.

Durante la construcción del panorama nacional, se evidenció que incluso desde antes de mayo de 2016 algunos medios de comunicación habían tenido que pagar indemnizaciones a funcionarios del Gobierno. Esto debido a denuncias interpuestas por estos últimos, quienes rechazaron reportajes los cuales consideraron como difamatorios. Este mismo grupo tuvo que solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante lo que consideraron una política sistemática en su contra por parte del Gobierno.

Varela Panamá

Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Foto tomada de: Agencia EFE

Desde el Poder Legislativo también se ha intentado restringir esta libertad, sin éxito en algunos casos. En noviembre de 2016 fue presentado el proyecto de ley 422. Este proyecto buscaba trasladar a la jurisdicción ordinaria todos los casos en los que una mujer se sintiera ofendida por contenido mediático. Esta labor antes era responsabilidad del Ministerio Público, por lo que ahora sería una responsabilidad de carácter civil. La ambigüedad en la redacción del proyecto también era considerada una amenaza a esta libertad. Frente a esto se presentó una demanda de inconstitucionalidad, la cual no prosperó. El proyecto de ley fue aprobado y sólo está pendiente de sanción presidencial para entrar en vigor.

Frente a la situación descrita, es válido afirmar que el Gobierno de Panamá no ha respetado compromisos que adquirió en la Cumbre de las Américas de Panamá en materia de participación ciudadana y gobernabilidad democrática. En materia de participación ciudadana, se esperaba que el gobierno fortaleciera el diálogo con los actores sociales en el desarrollo de políticas públicas encaminadas al desarrollo con equidad (artículo 1). La represión de la protesta pacífica corta cualquier posibilidad de diálogo y negociación entre el gobierno y sus ciudadanos. Además el desplazamiento de comunidades por el desarrollo de proyectos energéticos limita las posibilidades para cerrar brechas económicas en el país.

En materia de gobernabilidad democrática, el Estado debía garantizar la separación de los poderes públicos con miras a proteger los derechos humanos y todas las libertades fundamentales (artículo 1). No obstante, lo que se evidenció durante el año monitoreado, son una serie de ataques (coordinados o no), entre los poderes del Estado para socavar el goce pleno de la libertad de expresión.

Como punto para resaltar, el poder legislativo hundió un proyecto de ley que exigía a los medios de comunicación dedicar espacios específicos para mensajes de educación en valores. Estos valores serían escogidos por el Gobierno. La Asamblea Nacional tomó posición frente a esta propuesta y fue rechazada en primer debate.


RECOMENDADO PARA LEER: 

Civic space in the Américas

El documento “Espacio cívico en las Américas” presenta los hallazgos de la plataforma del Monitor CIVICUS (monitor.civicus.org) durante el primer año de implementación.

A pesar de que el 86% de los países del continente se encuentran en las categorías estrecha y obstruida, el panorama no deja de ser preocupante. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el Monitor reportó 18 casos de asesinatos de periodistas, 14 asesinatos de defensores de derechos humanos, 12 asesinatos de manifestantes (esto sin contar los casos de las recientes protestas en Venezuela), y 3 casos de tortura. Por otra parte, se reportaron 39 casos de uso excesivo de la fuerza, igual número de ataques a periodistas y 33 casos de defensores de derechos humanos arrestados.

El Monitor CIVICUS es una plataforma que busca alimentarse con la mayor cantidad de fuentes de información posible. Si tiene dudas, comentarios o aportes sobre su país, por favor no dude en utilizar la casilla de “Get in touch” al final de la página inicial del Monitor.

Consulte aquí el documento “Espacio cívico en las Américas”.

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