El Pulso Social de las Américas: en Honduras es un peligro ser activista por el medio ambiente

El siguiente artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde junio de 2016 hasta marzo de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones, incumplimientos directos y avances de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas.


José Orlando Hernández Alvarado - Honduras

José Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras

Como en otros países de Centroamérica, la violación de los derechos humanos de los activistas que abogan por la protección de sus territorios y el medio ambiente no encuentra un final. De hecho, Honduras ha sido catalogado por varios reportes de organizaciones sociales como el país más peligroso del mundo para ejercer el activismo medioambiental. Reportes como el de Global Witness,  el Movimiento Mundial de los Derechos Humanos, y Artículo 19, identificaron 120 activistas medioambientales asesinados en Honduras entre 2010 y 2016. El denominador común de estos asesinatos es que fueron activistas que se opusieron al desarrollo de megaproyectos minero energéticos en sus comunidades. La constante vulneración de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y los territorios es quizás el principal reto que enfrenta el país para cumplir con los Mandatos de la Séptima Cumbre de las Américas relacionados con las tres libertades evaluadas por el Monitor Cívico (asociación, reunión pacífica y expresión).

Berta Caceres 2015 Goldman Environmental Award Recipient

Berta Cáceres, activista y ambientalista asesinada. Foto tomada de: www.goldmanprize.org

2016 no dio tregua a los activistas medioambientales que siguieron enfrentando ataques y amenazas en su contra. Ese año comenzó con el asesinato de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Popular e Indígenas de Honduras (COPINH). Las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no fueron cumplidas por el Estado de Honduras, exponiendo aún más a Cáceres, y las consecuencias fueron fatales. Apesar del debate que despertó su asesinato respecto de la importancia de cumplir las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, el 18 de octubre del mismo año fue asesinado José Ángel Flores. Se trataba de un líder campesino al cual la CIDH también le había pedido al Estado de Honduras que garantizara su protección. Desafortunadamente estos dos no fueron los únicos casos de asesinato de activistas en 2016. Lesbia Yaneth Urquia, miembro del COPINH fue asesinada el 7 de julio. Asimismo, se registraron casos de intentos de asesinato y amenazas de muerte contra Ana Mirian Romero, Dayanara Castillo, Medelin David Hernández, Jlo Cordoba, Tomás Gómez Membreño, y Alexander García Soto.

Los ataques no sólo son en contra de los activistas, del individuo, sino de sus organizaciones o sus actividades. La represión de protestas pacíficas convocadas por organizaciones campesinas o indígenas es otro inconveniente que deben sortear estas agrupaciones en Honduras. Además de esto, en febrero de 2017, la Asamblea Nacional de Honduras aprobó una ley que amplía el espectro de lo que se entienden como actos de terrorismo. Esta nueva ley fue fuertemente rechazada por representantes de la sociedad civil porque aseguran que contempla la protesta como un acto de terrorismo, legitimando una eventual represión de fuerzas policiales contra quienes las realicen.

Honduras protesta

Esta situación se aleja considerablemente de lo contenido en el primer artículo del eje de gobernabilidad democrática, contenido en los Mandatos para la Acción (Panama, 2015). En dicho artículo, los Estados (incluido Honduras) se comprometieron al fortalecimiento de la democracia para la protección y garantía de los derechos humanos, así como involucrar a la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas. No obstante, la realidad plantea un escenario alejado de este ideal, en el cual las palabras “activismo” y “asesinato” suelen encontrarse juntas en los titulares de los periódicos y donde protestar en contra de ciertos temas puede terminar en casos de represión policial.

Mandato Incumplido Razón
Gobernabilidad Democrática (Art. 1) Falta de garantías para los activistas y defensores de derechos humanos (criminalización y asesinato).
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