El pulso social de las Américas: la tensa situación de Venezuela

El siguiente artículo presenta acciones llevadas a cabo por la sociedad civil para la reivindicación de derechos contenidos en los ejes temáticos de los Mandatos de la Séptima Cumbre de las Américas en Panamá.

El artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde junio de 2016 hasta enero de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones e incumplimientos directos de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas*.


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La crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela ha impedido el cumplimiento de muchos de los compromisos acordados por los Presidentes y Jefes de Estado en la Cumbre de Panamá. A pesar de las constantes violaciones a la libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación, la sociedad civil venezolana sigue recurriendo a diferentes estrategias para exigir la garantía de sus derechos fundamentales. Muchos de ellos contenidos en la declaración de Mandatos para la Acción, emanada de la Séptima Cumbre de las Américas.

La educación es el primer eje temático que aparece enunciado en la declaración. A su vez, es uno de los derechos que más se ha visto golpeado por la crisis que atraviesa el país. Basta con leer el primer artículo del eje de educación para darse cuenta de que éste no está siendo respetado en Venezuela. En él se habla del fortalecimiento de la profesión docente. No obstante, en Venezuela el Colegio de Licenciados en Educación tuvo que presentar un pliego de peticiones ante la Inspectoría del Trabajo por falta de materiales y capacitación para implementar el nuevo currículum decretado por el Ministerio de Educación. Asimismo, la Federación Venezolana de Maestros llevó a cabo una manifestación en el estado Miranda donde exigían que se les cancelara el nuevo aumento decretado por el poder Ejecutivo. Otro caso reportado tiene que ver con docentes del estado Mérida que fueron despedidos por participar en la recolección de firmas que pedía al Consejo Nacional Electoral que activara el referéndum revocatorio. Esta situación, junto con casos de docentes que deben ausentarse de las clases para ir a hacer filas para conseguir alimentos, está lejos de fortalecer la profesión docente.

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Del lado de los estudiantes, de acuerdo al segundo artículo de este eje, para 2025 se busca reducir a la mitad el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Desafortunadamente, la realidad de los jóvenes venezolanos es otra. La falta de alimentos está ocasionando que los niños y jóvenes no asistan a clases. En algunos casos es porque deben acompañar a sus padres a hacer las filas para conseguir alimentos, y en otros casos se debe a que físicamente no cuentan con la energía para ir a clase ante la mala alimentación. Si bien no se conocen cifras oficiales, medios de comunicación citan una encuesta a representantes de asociaciones de padres de familia, donde el 33,6% de los encuestados reconoció no haber enviado a sus hijos al colegio porque debieron acompañarlos a buscar alimentos. Además, es importante recordar que los estudiantes no estaban asistiendo a clases los viernes por la crisis energética que atravesó el país e implicó suspender un día hábil de la semana.

En el segundo eje temático de los Mandatos, la salud, la situación no presenta ninguna mejora comparada con el eje de educación. Dada la situación actual, se evidencia un incumplimiento de los artículos 1 (acceso universal y de calidad), 3 (prevención de brote de epidemias), 6 (acceso sostenible a agua potable), 7 (mejorar la nutrición), y 8 (mejorar la salud materna e infantil).

El Observatorio Venezolano de Salud reportó que en 2016 se evidenció un desabastecimiento de medicamentos esenciales y para enfermedades crónicas del 80%. Asimismo, los cortes de agua son constantes en el país y la escasez de alimentos, explica el Observatorio, afecta el sistema inmune de la población, haciéndola más vulnerable a enfermedades pre existentes y nuevos brotes.

Por otro lado, Transparencia Venezuela denunció que la escasez de preservativos en el país expone a la población a una propagación de enfermedades de transmisión sexual. En la misma denuncia de Transparencia Venezuela, se pone de relieve la precaria situación en la que se encuentran las madres embarazadas por el mismo deterioro del sistema de salud. La mortalidad neonatal incrementó 40 veces en 2015 comparado con 2014. La situación se torna aún más grave con la mala gestión de las autoridades en salud del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se han presentado casos que generan indignación como el hallazgo de 75 contenedores con miles de kilos de medicamentos vencidos en diciembre de 2016.

marcha-chavezEn cuanto a participación ciudadana y la gobernabilidad democrática, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido incapaz de establecer una relación de diálogo y cooperación con actores sociales y miembros de la oposición. Tampoco ha podido garantizar el acceso a las tecnologías de la información para mejorar la participación ciudadana. Además el irrespeto a la independencia de poderes y la falta de voluntad para implementar medidas de gobierno abierto, han sido una constante durante su gobierno.

En diciembre de 2016, fue recibida con gran expectativa la noticia de la liberación de siete presos políticos por parte del gobierno. A pesar de ello, un mes más tarde, ocho personas fueron condenadas a 5 y 10 años de prisión por participar en lo que Maduro denominó como el “golpe azul”, un supuesto intento de la oposición para derrocarlo. La liberación de los siete presos políticos también contrasta con la denuncia del Foro Penal Venezolano donde establecen que en 2016 (enero a septiembre), se habrían llevado a cabo 2.124 arrestos por motivos políticos y fueron encarcelados 36 nuevos presos políticos.  

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A finales de mayo de 2016, Nicolás Maduro firmó un decreto que declaraba el “Estado de excepción y emergencia económica” en el país. En este decreto se permite restringir el financiamiento de donantes internacionales a organizaciones nacionales si se presume que la organización persigue fines políticos (Art. 2; Num. 18).

En el reporte de Freedom House, “Libertad de la Red 2016”, el país obtuvo una calificación de “parcialmente libre”. Una de las razones para esta calificación, es que la crisis económica ha hecho que las compañías prestadoras del servicio tengan que reducir su espacio de cobertura, afectando así el acceso y la velocidad del internet. Lo que afecta directamente la capacidad de los venezolanos para acceder a contenido oficial y articularse con otros actores sociales para exigir la garantía de sus derechos.

Por último, Venezuela, junto con Bolivia y Cuba, son los únicos países de la región que no cuentan con una ley sobre el acceso a la información pública, como lo afirma Moisés Sánchez, Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

Los casos mencionados dan cuenta del retroceso que ha tenido el gobierno venezolano en el cumplimiento de los mandatos de Panamá y la falta de voluntad del mismo por intentar revertir la situación.

Mandatos Incumplido Razón
Educación (Art. 1) Deficientes condiciones laborales de los docentes
Educación (Art. 2) Precarias condiciones de los estudiantes
Salud (Art. 1) Desabastecimiento de hospitales
Salud (Art. 3) Escasez de preservativos y deterioro del sistema inmune de la población
Salud (Art. 6) Constantes cortes del servicio de agua
Salud (Art. 7) Malnutrición de la población
Salud (Art. 8) Precarias condiciones de atención a madres embarazadas
Participación Ciudadana (Art. 1) Aumento de presos políticos, restricción al financiamiento para OSC
Participación Ciudadana (Art. 2) Retraso en las conexiones y acceso a internet
Gobernabilidad Democrática (Art. 4) Inexistencia de una ley de acceso a la información pública

*Si considera que algún tema no fue tenido en cuenta, no dude en contactarnos al correo felipe.caicedo@redlad.org. Uniendo esfuerzos y conocimientos será posible hacer un seguimiento más completo al cumplimiento de los mandatos de Panamá.
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