Caso Odebrecht: corrupción en los sectores privado y público

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Marcelo Odebrechet, presidente de la multinacional brasileña y condenado a prisión en su país por corrupción. Foto tomada de: http://www.prensa.com

A finales de 2016 se develó quizá el mayor escándalo de corrupción del continente en los últimos años. Nunca antes se había descubierto una red corrupta que involucrara a tantos países y a personajes tanto del sector privado como del público. Esto no sólo debe ser motivo de preocupación e investigaciones para los sistemas judiciales de nuestra región, sino también de la sociedad civil organizada. Es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas una de las demandas más importante que en la última década muchas organizaciones han enarbolado, porque ha sido un secreto a voces que todos, absolutamente todos, los sistemas políticos del continente están impregnados por la corrupción. Es decir, en todos los países se roban parte del presupuesto público que debería ser destinado a suplir las necesidades que como ciudadanía tenemos, sobre todo si tenemos en cuenta que Latinoamérica, por ejemplo, es una de las regiones más desiguales del mundo.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), llamado “Panorama Social de América Latina 2015” y publicado en septiembre de 2016, un 29,2% de los latinoamericanos (alrededor de 175 millones de personas) eran pobres a fines de 2015. Dicho informe señala además que el índice de pobreza en la región creció un punto porcentual en ese año (en 2014 era 28,2%). Es decir, en 2015 siete millones de personas se volvieron pobres. Una cifra que supera el número de habitantes de países como Uruguay, Paraguay, algunos países centroamericanos y caribeños, respectivamente.

Asimismo, el informe de la CEPAL revela que también creció la indigencia en 2015: pasó del 11,8% al 12,4% a nivel regional. Es decir, en Latinoamérica hay 75 millones de personas en situación de extrema pobreza.

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Foto tomada de: http://www.infobae.com

Teniendo claras esas cifras, el caso Odebrecht debe preocuparnos más de lo que creemos. Fueron millones y millones de dólares los que circularon en esta red criminal de corrupción. La empresa brasileña compró funcionarios públicos y miembros de partidos políticos a lo largo y ancho del continente para apalancar sus negocios y para que le fueran concedidos contratos de obra pública, principalmente, que en muchos de los casos quedaron caducos o a medio hacer.

Según se ha venido revelando el caso, después de que la justicia estadounidense destapara en diciembre de 2016 los hallazgos de su investigación, son 788 millones de dólares que se pagaron en sobornos en 12 países del continente “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los países que más dineros recibieron de estos ilícitos son los siguientes (en dólares):

  1. Brasil: 394 millones
  2. Venezuela: 98 millones
  3. República Dominicana: 92 millones
  4. Panamá: más de 59 millones
  5. Argentina: 35 millones
  6. Ecuador: más de 33,5 millones
  7. Perú habrían: 29 millones
  8. Guatemala: 18 millones
  9. Colombia: más de 11 millones
  10. México: 10,5 millones de dólares
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Foto de: Yasuyoshi Chiba (AFP)

En algunos países, como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana la justicia ya ha empezado a operar y a pedir la información y las pruebas a la justicia estadounidense y brasileña. Sin embargo, en Ecuador y Venezuela sus gobiernos han desestimado o pedido claridad sobre los presuntos funcionarios públicos involucrados en el caso.

Todo lo anterior, es una alerta para que la lucha contra la corrupción y la demanda por la transparencia sea uno de los temas centrales de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil. Y no sólo debe ser un compromiso que adquieran los Estados y sus gobiernos, sino también el sector privado, que en todos los países es el encargado de ejecutar obras de interés y beneficio público.

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