El pulso social de las Américas: leyes que amenazan el trabajo de las organizaciones en Bolivia

El siguiente artículo presenta acciones llevadas a cabo por la sociedad civil para la reivindicación de derechos contenidos en los ejes temáticos de los Mandatos de la Séptima Cumbre de las Américas en Panamá.

El artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde Junio hasta Diciembre de 2016.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones e incumplimientos directos de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas*.


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Durante 2016 el Tribunal Plurinacional Constitucional (TCP) de Bolivia tomó una de las decisiones que mayor controversia ha generado entre la sociedad civil debido a las amenazas que representa para el espacio cívico en ese país.

El 6 de julio el TCP declaró exequible la Ley 351/13 de Otorgación de Personalidades Jurídicas. La mencionada ley establece que uno de los requisitos para constituir una organización de la sociedad civil (OSC) es presentar los estatutos en los cuales se especifica “la contribución al desarrollo económico y social” (art. 7, núm. II). Asimismo, establece que se revocará la personalidad jurídica a las organizaciones que “realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos” (art. 14, núm. II). Esto deja una zona gris en la cual el poder ejecutivo puede considerar que una OSC no está contribuyendo al desarrollo económico y social del país, por ende está violando sus estatutos, lo que conduciría al cierre de la misma.

En el reporte “Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe” elaborado por CIVICUS, la organización identifica “(…) la Ley 351/13 (…) impuso en Bolivia pesadas cargas burocráticas a las OSC y otorgó al gobierno el derecho de disolverlas en caso de que realizaran actividades que no coincidieran con sus estatutos”. OSC en Bolivia han levantado su voz de protesta por la amenaza que esta ley representa para el derecho de asociación en el país. En octubre de 2016, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideran que la Ley 351/13 vulnera el derecho de asociación. De igual forma, a finales del mes de octubre del mismo año, la Red Unitas (red que reúne a 22 ONG de Bolivia), acudió ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar la afectación que representa la Ley 351. Helmut Vega, representante de la Red Unitas, señaló que las OSC más amenazadas con esta normativa con aquellas que trabajan por el medio ambiente, cambio climático y derechos civiles por chocar con los intereses del gobierno de Evo Morales.

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Palacio del Congreso de Bolvia

En junio de 2015, durante la inauguración de un pozo petrolífero, el presidente Morales amenazó con expulsar del país a las ONGs que perjudiquen la explotación de recursos naturales bajo el paraguas del cuidado del medio ambiente. Esta afirmación ilustra la amenaza identificada por Helmut Vega para las OSC que trabajen temas medioambientales.

La declaración de exequibilidad de esta ley viola el primer acuerdo del eje de gobernabilidad democrática donde se establece que se fortalecerá y apoyará a “la sociedad civil (…) en el diálogo con los Estados (…) con el propósito de contribuir en la formulación e implementación de políticas públicas”. La decisión trunca el diálogo abierto, incluyente y crítico entre la sociedad civil y el gobierno de Morales porque ahora hay un espacio para la subjetividad que puede remover la personalidad jurídica de las OSC.

Por otra parte, el 28 de septiembre la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, presentó el informe ‘Saber Más VIII: una década de acceso a la información en las Américas’. En el reporte se presenta la situación del acceso a la información pública en 16 países de América Latina. En el caso de Bolivia, el reporte concluye que el ejercicio de solicitar información pública a las autoridades estatales no está extendido en la sociedad boliviana. Bolivia, junto con Cuba y Venezuela, son los únicos países de Latinoamérica que no han desarrollado legislación en materia de acceso a la información.

Esta situación no cumple con el segundo artículo del eje de participación ciudadana donde los Jefes de Estado se comprometieron a “facilitar el acceso (…) a las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de (…) construir nuevas formas de participación ciudadana”. En palabras del Director Ejecutivo de la Alianza Regional, Moisés Sánchez, garantizar el acceso a la información es la base del diálogo democrático porque así se puede construir una relación horizontal entre el Estado y los ciudadanos. De esta manera, y de acuerdo con los compromisos de los Mandatos de Panamá, se pueden construir nuevas formas de participación ciudadana.

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Representantes de la red de ONGs Unitas de Bolivia – Foto tomada de: http://www.lostiempos.com

El reporte también identifica que hay importantes deficiencias en los sitios web de las instituciones estatales donde la información está incompleta, no se encuentra disponible e incluso los datos de contacto no tienen un responsable directo para contestar las solicitudes de los ciudadanos. De esta manera no se cumple con el cuarto artículo del eje de gobernabilidad democrática que establece: “promover el gobierno abierto y el acceso a la información como herramientas clave para lograr mayor transparencia (…) y participación ciudadana”.

A pesar de haber acordado “redoblar los esfuerzos dirigidos a abordar eficazmente la violencia contra la mujer” en el eje de seguridad, el 19 de octubre un grupo de mujeres manifestó en La Paz para protestar en contra de la violencia contra la mujer. Especialmente contra la tardanza en la investigación de casos de feminicidio.

En noviembre, un grupo de manifestantes se reunió en La Paz para manifestar contra la falta de agua potable en el país. Para esa fecha, la sequía cumplía más de dos semanas y cerca de dos millones de habitantes estaban afectados por el racionamiento de agua. Garantizar el acceso a agua potable como una forma de asegurar el desarrollo sostenible y la gestión ambiental es otro compromiso con el cual el gobierno de Morales sigue en deuda con la población en Bolivia.

Mandato Incumplido Razón
Participación ciudadana (Art. 1) Declaración de exequibilidad Ley 351/13
Participación ciudadana (Art. 2) Falta de acceso a la información en Bolivia
Gobernabilidad democrática (Art. 4) Información incompleta sobre la gestión del gobierno
Salud (Art. 6) Falta de acceso a agua potable
Seguridad (Art. 3) Casos de feminicidios en Bolivia

 

*Si considera que algún tema no fue tenido en cuenta, no dude en contactarnos al correo felipe.caicedo@redlad.org. Uniendo esfuerzos y conocimientos será posible hacer un seguimiento más completo al cumplimiento de los mandatos de Panamá.
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