¿Qué son los datos abiertos?

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La expresión “datos abiertos” (Open Data en inglés) se escucha mucho últimamente, sobre todo en los entornos de las organizaciones sociales y en los discursos y políticas públicas de algunos gobiernos de las Américas. Pero ¿qué significan exactamente y por qué son importantes?

Si algo hay que agradecerle a Internet es la disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana que nos ofrece en materia de datos e información de cualquier índole. En los últimos veinte años, el desarrollo tecnológico ha sido imparable, y hoy contamos con múltiples formas de comunicarnos y sobre todo de compartir todo tipo de material: fotos, textos, videos, libros completos, música, etcétera. Las posibilidades son inmensas y las oportunidades de trabajo que ofrecen este tipo de desarrollos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son innumerables.

El portal Open Data Handbook, una iniciativa de la organización Open Knowledge International, define el concepto “datos abiertos” como aquellos “que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen”. Y asimismo, establece los siguientes criterios como los principales atributos que los datos abiertos deben tener para ser llamados como tal:

  • Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet. Además, la información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable.
  • Reutilización y redistribución:los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
  • Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. Restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso comercial de los datos; o restricciones de uso para ciertos propósitos (por ejemplo sólo para educación) no son permitidos.

El movimiento social que ha surgido alrededor de este concepto busca sobre todo la confiabilidad de la información y el libre acceso a ella. Cada vez más se convierte en un tema impajaritable para el activismo.

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Precisamente, una de las grandes demandas que se hacen a los Estados desde la OSC es de la transparencia y el libre acceso a la información, esto debido a que mucho de su trabajo depende, en buena medida, de los datos, sistemas y fuentes que las entidades públicas tienen disponibles o pueden ofrecer al público. La gran mayoría de las organizaciones trabaja para incidir de manera efectiva y eficaz en las políticas públicas de su país, pero esto a veces se torna muy complicado si no se cuenta con información certera, cualquiera sea el tema en el que se enfoca la OSC.

El columnista mexicano, Eduardo Sojo, del El Financiero (medio aliado de Bloomberg), argumenta en uno de sus escritos para ese portal web que “desde la sociedad civil, con datos abiertos y científicos de datos, se podría saber si un producto se está comprando a precios muy diferentes en alguna entidad federativa o si está pagando un sobreprecio por los desayunos escolares o si lo que se cobra por obras de pavimentación no hace sentido cuando se compara con lo que se cobra en otros municipios, por ejemplo”. Y más adelante acata a decir que “la transparencia y los datos abiertos en los tres órdenes y tres poderes de gobierno pueden ser armas muy poderosas para combatir la corrupción, siempre y cuando se combinen con científicos de datos”.

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Este es quizás el frente más problemático y desafiante que se tienen en las sociedades contemporáneas: la corrupción; y he aquí uno de los más grandes campos de trabajo en los cuales las OSC cumple con una función fundamental de control social, cuyo éxito depende en buena medida de las posibilidades de acceder a información fidedigna. Además, el libre acceso es una de las condiciones y requisitos indispensables para que se garantice un ambiente habilitante satisfactorio, en el cual la sociedad civil organizada ejerce sus otras libertades.

“El reto es hacer entender a la ciudadanía que no sólo periodistas y organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a solicitar información pública, sino que es una garantía constitucional que debe exigir toda la población”, atina a decir la periodista venezolana Arysbell Arismendi para el blog de ABRELATAM.

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