CIDH: la justicia en bancarrota

13443116_1089663971080212_5649382360512716498_oLas dificultades presupuestales por las que atraviesa la Comisión son sólo la punta del iceberg de toda la crisis estructural de la OEA. En los últimos años este organismo multilateral viene sufriendo un desfinanciamiento, casi sistemático, que no sólo afecta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también a los espacios de participación de la sociedad civil. Como quedó demostrado en la última Asamblea General, realizada en República Dominicana, donde todas las organizaciones mostraron su incomodidad frente a las dificultades que tuvieron para participar activamente de los eventos y espacios de interlocución con gobiernos y autoridades de la OEA.

En semanas recientes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha prendido las alarmas ante la grave crisis financiera que afronta. En un comunicado fechado el 23 de mayo de 2016 manifestó que durante “los últimos meses y semanas, la CIDH y su Secretaría Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para confirmar donaciones que estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron. La CIDH continuará realizando todos los esfuerzos que estén a su alcance para que este escenario pueda ser revertido en lo inmediato, a fin de evitar la pérdida del 40% de su personal y de poder reprogramar los períodos de sesiones, las visitas y el desarrollo de todas las actividades previstas para el año 2016. Con este fin, la Comisión Interamericana hace un llamado a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y de libre disposición para lograr este objetivo”.

Aunque la CIDH en la práctica tiene pocos dientes para hacer cumplir sus decisiones, desde que emprendió funciones en los años 60 y hasta ahora, las mismas han sido ampliamente respetadas, oídas con atención y en muchos casos acatadas por los países miembros de la OEA. Su credibilidad se la ha ganado a pulso, con rigor e independencia. Y es precisamente esa independencia la que, según muchos expertos y conocedores del tema, la tiene en jaque. Durante sus más de cinco décadas, la CIDH ha sentado importantes precedentes en la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente y ha proporcionado justicia a miles de víctimas, sin importar su color político o el gobierno del país al que pertenezcan.

La CIDH ha demostrado estar por encima de cualquier interés político particular. Puede decirse sin vacilación que la militancia política de la Comisión, si se permite la expresión, ha estado plenamente enmarcada en los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana de las Américas.

Asimismo, junto con la Corte Interamericana, ha sido un actor clave en distintos conflictos sociopolíticos de la región y otros hechos graves de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, en los años 70 cuando las dictaduras del Cono Sur se encontraban en su pleno apogeo, la CIDH tuvo el valor de señalar concretamente las atrocidades que el régimen de Videla cometía día a día en Argentina. Por otro lado, durante los años que ha durado el conflicto en Colombia, la Comisión ha sido determinante en señalar y condenar las violaciones que cualquiera de los actores armados, legales o ilegales, han cometido en el marco de la guerra.

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Recientemente, la CIDH ha tomado cartas en la masacre de las 43 personas en Ayotzinapa, en la crisis política de Venezuela, respecto de los derechos de las personas LGBTI, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En fin, son múltiples los ejemplos de tenacidad y justicia en los que la Comisión ha demostrado ser una pieza fundamental para el Sistema Interamericano y para la ciudadanía de cada uno de los países que integran la Organización de los Estados Americanos.

Cada uno de los gobiernos de las Américas debe tomar posiciones claras en defensa de la CIDH, respetando su tradición e independencia. Se debe apostar por el fortalecimiento real de dicha institución, así como de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No se puede seguir dependiendo de la voluntad de los países europeos y de donantes de buena fe para poner a andar nuestro propio sistema de justicia.

Las actuales circunstancias que vivimos en nuestra región no soportarían que un actor de tan relevante perfil se extinga. Según diversos expertos y estudios que se hacen anualmente, los niveles de impunidad en varios países del hemisferio son preocupantes, así como la penetración de la corrupción en las esferas públicas, por lo que un sinnúmero de personas acuden año a año ante la Comisión para exigir justicia, ya que en sus países, agotados todos las herramientas y posibilidades, no la encuentran.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015 hecho por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, de los 20 países con más impunidad en el mundo 12 son del continente americano; encabezados por México, Colombia y Nicaragua.

Por otro lado, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015 de Transparencia Internacional, sólo cinco países de las Américas tienen una calificación satisfactoria. La lista en el hemisferio la encabeza Canadá, seguida de Estados Unidos, Uruguay, Chile y Costa Rica.

13308280_1082976208415655_6711357166169380081_o (1)Como vemos todavía falta mucho por hacer en materia de justicia en nuestro continente, por lo que debemos comprometernos todos y todas en la defensa de la CIDH, y sumarnos al llamado para salvarla. Cada uno de los gobiernos de nuestros países debe comprometerse también.

Afortunadamente, parece que la campaña que hace más de un mes se emprendió para su salvamento está dando frutos ya que, según James Cavallaro, presidente de la Comisión, dicho organismo ha recibido recursos provenientes de Antigua y Barbuda y de Chile, y otros como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Panamá y Uruguay se han comprometido a lo mismo.

Sin embargo, no se puede dejar de insistir en el llamado para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto sólo se logra, en primera instancia, demandando mayor presupuesto para el mismo. La OEA y sus Estados Miembros sólo destinan el 9% de los recursos para dicho sistema, lo cual evidentemente es insuficiente. Asimismo, los países deben comprometerse a seguir respetando la independencia de la CIDH, sólo así su existencia y funciones tendrán sentido y vigencia.

Unámonos todos y todas y digamos: #SalvemosLaCIDH

 

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